Una auditoría legal de inteligencia artificial es la revisión que comprueba qué herramientas de IA usa realmente una organización, qué información de clientes sale hacia modelos externos, bajo qué contrato la tratan esos proveedores y qué obligaciones le aplican. En LexIAlogic no termina en un informe: cierra con una política de uso de IA firmada por dirección y equipo, que fija qué herramientas se pueden usar, para qué tareas, con qué datos y quién autoriza cada uso. Para que sirva ante un cliente o ante una inspección tiene que apoyarse en el inventario real de herramientas en marcha, en una matriz de qué datos pueden salir hacia un modelo externo y en la revisión de los proveedores que los tratan. El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act, no exige una política con ese nombre, pero sí impone las obligaciones de transparencia del artículo 50 desde el 2 de agosto de 2026, y la política es la forma de ordenar eso junto con el secreto profesional y el RGPD. LexIAlogic la redacta a medida del despacho, la gestoría, la asesoría o la pyme que la necesita, y la deja firmada por dirección y equipo. Ese conjunto —inventario, matriz de datos, política firmada y responsable interno designado— es lo que se conoce como marco de gobernanza de IA: la auditoría dice dónde estás, la gobernanza es lo que queda funcionando después. El servicio se presta en España y Andorra, en remoto, y el proceso completo dura tres semanas.
Revisamos qué IA usa tu despacho de verdad, qué datos de clientes están saliendo fuera y lo dejamos por escrito: qué se puede usar, con qué datos y quién responde.
Auditamos primero y ordenamos después: el diagnóstico dice qué IA hay en marcha y qué datos salen; la gobernanza es el marco que queda instalado. Redactado sobre las herramientas que tu equipo ya usa, no una plantilla genérica que nadie va a cumplir.
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Y el día que un cliente lo pregunte, la respuesta no puede ser «no lo sé».
Tu equipo ya usa IA. Borradores en ChatGPT, resúmenes de expedientes, traducciones, transcripciones de reuniones. No hay política, no hay registro y nadie ha firmado nada.
Cuando entra documentación de un cliente en una herramienta de terceros sin encargo de tratamiento, el problema no es tecnológico. Es de secreto profesional, de RGPD y de las cláusulas de confidencialidad que tú mismo has firmado.
Y cada vez más clientes grandes piden a sus asesores externos su política de uso de IA antes de renovar. Si no la tienes, no compites.
Seis planos, en este orden. Es la parte que responde a la pregunta incómoda: qué está usando tu equipo ahora mismo y qué información ha salido del despacho sin que nadie lo registrara.
Qué IA usa el equipo de verdad, incluida la que nadie ha aprobado: extensiones del navegador, cuentas personales de ChatGPT, transcriptores de reuniones. Casi siempre hay más de las que dirección cree.
Dónde encaja cada herramienta en el Reglamento (UE) 2024/1689. En la mayoría de despachos y pymes el resultado es riesgo limitado o mínimo, y dejarlo documentado evita aplicarse obligaciones que no tocan.
Qué información puede salir hacia un modelo externo y cuál no sale nunca. Expedientes, nóminas, datos fiscales, CV. Escrito por tipo de dato, no por buenas intenciones.
Con quién has firmado encargo de tratamiento y con quién no, dónde se alojan los datos y si el proveedor los usa para entrenar sus modelos. Es donde aparecen la mayoría de sorpresas.
Si tienes chatbot que habla con personas o publicas contenido generado con IA, qué tienes que estar diciendo y dónde. Aplicable desde el 2 de agosto de 2026.
Que exista constancia escrita de todo lo anterior. La diferencia entre cumplir y poder demostrar que cumples es exactamente esta.
Si lo que buscas es entender el marco completo antes de contratar nada, lo explicamos entero en la guía sobre qué revisa una auditoría legal de IA y qué exige la normativa europea. La auditoría por sí sola es una foto: lo que la convierte en algo útil es el marco de gobernanza que se instala encima, y que es lo que te entregamos a continuación.
La política es el documento que se firma. Lo demás es lo que hace que se sostenga: sin saber qué herramientas hay en marcha ni qué datos manejan, cualquier política es papel mojado. Si lo que quieres es entender primero qué debe incluir una política de uso de IA, cláusula por cláusula, lo explicamos entero en el blog.
El documento central: qué herramientas puede usar tu equipo, para qué tareas, con qué información y qué está terminantemente prohibido. Firmada por dirección y por cada empleado, con fecha.
Qué herramientas de inteligencia artificial hay en marcha en tu despacho ahora mismo, incluidas las que nadie ha aprobado. La foto real, no la que se supone.
Qué información puede llegar a un modelo externo y cuál no sale nunca del despacho. En una tabla que tu equipo entiende sin tenerte a ti delante para preguntar.
Revisión de cada herramienta: si hay encargo de tratamiento firmado, dónde se alojan los datos y si se usan para entrenar el modelo. Con el veredicto de si sigue o se sustituye.
Textos de transparencia listos para publicar en tu web, tu chatbot y tus comunicaciones, conforme al artículo 50 del AI Act, aplicable desde el 2 de agosto de 2026, que obliga a avisar cuando quien responde es una máquina.
Designación formal de la persona del despacho que autoriza herramientas nuevas y resuelve las dudas del equipo. Sin un responsable con nombre, la política se queda en un PDF.
Tu participación real se reduce a una conversación con dirección y un cuestionario breve para el equipo. La redacción la hacemos nosotros.
Cuestionario al equipo y reunión con dirección. Salimos con la foto real de qué herramientas se usan y con qué información de clientes.
Escribimos la política sobre esa realidad, revisamos a los proveedores y preparamos la matriz de datos y los textos de transparencia.
Repasamos el documento contigo, se firma por dirección y equipo, y se designa al responsable interno que autoriza herramientas nuevas.
Preferimos decirlo aquí que en la segunda reunión.
Si tu despacho desarrolla o comercializa un sistema clasificado de alto riesgo por el Anexo III del AI Act, eso es otro proyecto y te lo decimos en el diagnóstico.
No asumimos tu defensa ni la interlocución con los organismos. Te dejamos la documentación preparada para que la puedas presentar.
La política decide qué se puede usar y cómo. Montarlo y conectarlo con tu software es el pilar de automatización.
Tres normas se solapan y casi nadie las separa bien. Ninguna prohíbe que uses inteligencia artificial en tu despacho.
Regula el sistema de IA según su riesgo. El artículo 4, sobre alfabetización, está vigente desde febrero de 2025 y es una obligación de medios. El artículo 50, de transparencia, es exigible desde el 2 de agosto de 2026. Las obligaciones de alto riesgo del Anexo III se aplazaron al 2 de diciembre de 2027 y no alcanzan al despacho medio.
Regulan los datos personales, trate o no IA de por medio. Aquí está el problema real: ceder documentación de clientes a un proveedor sin encargo de tratamiento firmado. Y el artículo 22, sobre decisiones automatizadas.
La capa que más pesa en la práctica y la que no viene de Bruselas: el deber de confidencialidad que ya asumiste con tus clientes y las cláusulas que firmaste tú mismo. Un cliente puede reclamarte por esto sin que intervenga ningún regulador.
Usar ChatGPT internamente no es, por sí solo, un incumplimiento del AI Act. Lo desarrollamos en qué obliga el AI Act a tu despacho y desde cuándo y en si un abogado puede usar ChatGPT con datos de clientes.
No existe un registro oficial de auditores de IA ni el AI Act reserva este trabajo a ninguna profesión. Conviene saber, entonces, quién firma lo que te entregan.
Lo que se decide aquí es qué información puede salir de la organización y quién responde si sale. Eso es una decisión jurídica, no una recomendación de herramientas.
Despachos, gestorías y asesorías. Sabemos qué es un expediente, qué sale en una nómina y por qué nadie va a cumplir una política que le impida trabajar.
El cuestionario al equipo, la reunión con dirección, la entrega y la formación se hacen por videollamada. La sesión queda grabada para quien se incorpore después.
Caso aparte es la evaluación de conformidad de un sistema clasificado de alto riesgo: eso corresponde a organismos notificados y te lo decimos en el diagnóstico si es tu caso.
La auditoría es el diagnóstico: qué herramientas de IA hay en marcha, qué datos salen hacia terceros y qué obligaciones te aplican. La gobernanza es lo que queda instalado después: la política de uso firmada, la matriz de datos, el procedimiento para dar de alta herramientas nuevas y el responsable interno designado. Auditar sin instalar gobernanza te deja un informe que caduca; instalar gobernanza sin auditar antes te deja una plantilla que no refleja tu operativa. En este servicio van juntas, y el diagnóstico no tiene coste.
Es la revisión que comprueba qué herramientas de IA usa realmente una organización, qué información sale hacia modelos externos, bajo qué contrato la tratan esos proveedores y qué obligaciones le aplican según el Reglamento (UE) 2024/1689, el RGPD y su deber de confidencialidad. No es una auditoría técnica: no mide si el modelo funciona bien, sino si su uso está en regla y si puedes demostrarlo.
Tres semanas de principio a fin. La primera es el diagnóstico: cuestionario al equipo y reunión con dirección para levantar el inventario real de herramientas. La segunda, la redacción. La tercera, la entrega y la firma. Todo en remoto, en España y Andorra.
No por sí solo. El AI Act, el Reglamento (UE) 2024/1689, no prohíbe usar herramientas de IA generativa en un despacho, y usarlas no te convierte en incumplidor. El riesgo real no está ahí: está en meter datos de clientes en una herramienta de consumo, en el secreto profesional y en el RGPD, porque cuando metes documentación de un cliente en una herramienta de terceros sin encargo de tratamiento firmado, estás cediendo datos que no son tuyos.
Lo tienes desglosado con fechas en qué obliga el AI Act a tu despacho y desde cuándo. En resumen: Menos de lo que te están contando. El artículo 4, sobre alfabetización en IA, está vigente desde febrero de 2025 y es una obligación de medios: tienes que poder demostrar que has hecho algo razonable, y no lleva aparejada una multa autónoma. Las obligaciones de transparencia del artículo 50 son exigibles desde el 2 de agosto de 2026 si tienes un chatbot que habla con personas o publicas contenido generado con IA. Y las obligaciones duras, las de los sistemas de alto riesgo del Anexo III, se han aplazado al 2 de diciembre de 2027 y no alcanzan al despacho medio.
La política interna no la impone ninguna norma con ese nombre. Lo que sí existe es un deber de confidencialidad que ya has asumido con tus clientes, un RGPD que exige saber a quién cedes datos, y unas obligaciones de transparencia del artículo 50 del AI Act aplicables desde el 2 de agosto de 2026 si tienes un chatbot o publicas contenido generado con IA. La política es la forma de cumplir todo eso a la vez y poder demostrarlo.
Casi con seguridad no. Las obligaciones de alto riesgo del Anexo III del AI Act se han aplazado al 2 de diciembre de 2027 y afectan a supuestos muy concretos. Usar un asistente de redacción o un clasificador documental no te mete en esa categoría. Parte del trabajo consiste en dejarlo documentado, para que no te apliques obligaciones que no te tocan.
Una plantilla genérica prohíbe cosas que tu equipo hace a diario y permite cosas que en tu caso no deberían hacerse. Nosotros partimos de las herramientas que tu despacho usa de verdad y del tipo de información que manejas. Si la política no refleja tu operativa, nadie la cumple y no te sirve de nada ante un tercero.
No, se apoya en él. El RGPD cubre el tratamiento de datos personales. Esto cubre qué herramienta concreta puede tocar qué información, quién lo autoriza y qué pasa cuando alguien quiere usar una herramienta nueva. Se integra con lo que ya tengas.
La política incluye el procedimiento para dar de alta herramientas nuevas, así que puedes hacerlo tú sin llamarnos. Si prefieres no ocuparte, existe un mantenimiento opcional que se encarga de las altas y de la actualización normativa.
Sirve igual. El deber de confidencialidad cambia de nombre, pero el problema es el mismo: nóminas, datos fiscales y documentación de clientes entrando en herramientas que nadie ha revisado.
Sí, y es uno de los motivos por los que existe este servicio. Cada vez más empresas medianas y grandes piden a sus asesores externos una política de uso de IA antes de renovar el contrato. Se la envías firmada y con fecha.
Depende del tamaño de la organización y del número de herramientas que haya que revisar: no cuesta lo mismo un despacho de cuatro personas que una asesoría con varios departamentos. Te damos un presupuesto cerrado en el diagnóstico, antes de empezar, y ahí decides. No trabajamos por horas ni con importes abiertos, y el diagnóstico no tiene coste.
Explicamos en detalle qué revisa una auditoría legal de IA en una guía aparte. En cuanto a quién la firma: no existe un título oficial ni un registro de auditores de IA: el AI Act no reserva este trabajo a ninguna profesión. Lo que sí exige el encargo es criterio jurídico, porque lo que se decide es qué datos pueden salir de la organización y quién responde si salen. En LexIAlogic lo hace un abogado, no un consultor tecnológico. Distinto es la evaluación de conformidad de un sistema de alto riesgo, que sí corresponde a organismos notificados.
Sí. El problema es el mismo en cualquier empresa que maneje datos de clientes, de candidatos o de su propia plantilla: nadie sabe qué herramientas usa el equipo ni qué información ha salido hacia un modelo externo. Cambia el material — expedientes en un despacho, nóminas en una gestoría, CV y contratos en una pyme — pero el inventario, la matriz de datos y la política firmada son los mismos.
En toda España y en Andorra. El proceso está diseñado para funcionar en remoto: el cuestionario al equipo y la reunión con dirección se hacen por videollamada, y la entrega y la formación también. La sesión queda grabada para quien no pueda asistir o se incorpore después.
Antes de contratar nada, puedes leer el fondo del asunto:
Existe un mantenimiento opcional para las altas de herramientas nuevas y la actualización normativa.
Si eres despacho o consultora y quieres ofrecer este servicio a tus clientes con tu marca, escríbenos a info@lexialogic.com.
En el diagnóstico revisamos qué herramientas de IA está usando tu equipo, qué te falta por escrito y si de verdad necesitas este servicio. Treinta minutos, sin presentación comercial.
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Julio de 2026: al explicar qué es una auditoría legal de inteligencia artificial, el resumen con IA de Google cita lexialogic.com entre sus fuentes. Búscalo y compruébalo — estos resúmenes se regeneran y ninguna web controla lo que Google decide citar.
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